Algunas certezas y muchas incertidumbres sobre la salida del Reino Unido de la UE

Las condiciones para formar parte de la Unión Europea están claramente establecidas, pero no sucede lo mismo para salir de ella. El Reino Unido se incorporó al tratado en 1973, 16 años más tarde que sus seis miembros fundadores, en la primera ampliación que la entonces Comunidad Económica Europea llevó a cabo. Y en 2016 fue el primer país que, con casi un 52% de los votos, escogió abandonar esta comunidad política. Al ser un proceso sin precedentes en sus más de 60 años de existencia, las incógnitas son múltiples. ¿Cómo dejar la UE? ¿Quién paga qué? Y tras ello, ¿cuál será la futura relación entre la UE y el Reino Unido? Las respuestas, a día de hoy, todavía no están claras.

Todo empezó hace más de dos años, el 23 de junio de 2016. En el referéndum organizado por el gobierno de David Cameron, el Reino Unido optó, con un 51,9% de los votos a favor y el 48,1% en contra, por salir de la Unión Europea. Pocas horas después, la libra se desplomaba a niveles de la década de los 80 y Cameron anunciaba su dimisión como primer ministro. El 13 de julio, Theresa May le sucedía en el cargo.

Nueve meses después de la votación, el 28 de marzo de 2017, May firmó la carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que le informaba oficialmente del inicio de las negociaciones para abandonar la UE. El proceso debería concluir, como muy tarde, dos años después, el 29 de marzo de 2019. El 19 de junio, el brexit se activa y comienza la primera ronda de negociaciones para fijar el calendario, que tendrá que terminar antes de la fecha acordada.

A finales de año, las consecuencias del brexit ya eran notorias: la caída de la inmigración neta, esto es, la diferencia entre las personas que llegan al país y las que lo abandonan, fue histórica. Si en 2016 se contabilizó un saldo de 336.000 personas, un año más tarde se había pasado a 230.000, el mayor descenso desde 1964.

El 9 de diciembre de 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y Theresa May alcanzaron un primer acuerdo sobre las condiciones de la separación, que muchos interpretaron como una victoria de la UE. Tal y como le exigía Bruselas, el Gobierno británico se comprometía a pagar la factura del brexit (por valor de 45.000 millones de euros), a garantizar los derechos de los ciudadanos europeos y a alcanzar un pacto sobre la frontera con Irlanda.

La propuesta del Reino Unido para evitar una frontera rígida entre Irlanda del Norte, territorio británico, e Irlanda, miembro de la Unión, fue rechazada a principios de junio de 2018 por el negociador europeo, Michel Barnier. Bruselas alegó que el plan aduanero propuesto por May vulneraba el mercado interior europeo. El 21 de junio de este año, el Ministerio del lnterior británico concretó por fin detalles sobre el futuro de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido tras el brexit. Se estableció que, a partir del 29 de marzo de 2019, los europeos que lleven cinco años viviendo en el país tendrán que pagar una tasa de 73 euros para quedarse y demostrar que no tienen antecedentes penales graves para poder optar a la condición de “asentado”.

Sin embargo, muchas dudas persisten. El 8 de julio dimitió el ministro británico para el brexit, David Davis, apenas dos días después de que el Gobierno aprobara un plan para mantener una estrecha relación económica con la Unión Europea tras abandonar el bloque. Todo un desafío a Theresa May, que 48 horas antes había unificado la estrategia de su dividido gabinete y había conseguido el apoyo a una versión blanda del brexit. 24 horas más tarde, Boris Johnson, ministro de Exteriores, también dimitió, ya que se negaba a apoyar los planes de la primera ministra para negociar una ruptura suave con la Unión Europea.

Más allá del acuerdo de transición, el Reino Unido y la UE están negociando su futura relación comercial. A mediados de julio se presentó el «Documento de reflexión del brexit» (el famoso “White Paper”), en el que el Reino Unido propone a Bruselas diversos puntos: un mercado común de bienes, un acuerdo laxo en servicios, máxima cooperación posible en materia de defensa y facilidades para la movilidad de los ciudadanos. Aun así, este documento no fue bien visto por el grupo brexiter y el acuerdo fue duramente criticado por los laboristas y los tories. Ante estas presiones, May ha cedido.

La primera ministra ha aceptado enmiendas planteadas por los diputados favorables al brexit contra el “White Paper”, como la de las aduanas y la de la Hacienda británica, lo cual ha aumentado la incertidumbre sobre la continuidad del gobierno.

En lo que respecta al brexit, los hechos se suceden en cuestión de días, o incluso de horas. De momento, la fecha del 29 de marzo de 2019 como límite se mantiene. Pero las incertidumbres también.